En el inicio de la vigésima Semana Internacional del Derecho y la Criminalística “Crímenes de odio: democracia, libertad y derechos en crisis” que se cumple en el TdeA Institución Universitaria, la magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, Rocío Liliana Quintero Martínez, compartió detalles acerca del macro caso 03, que compromete a 12 exmilitares del Batallón La Popa, que recopila diversos sucesos sobre ejecuciones extrajudiciales en contra de pueblos étnicos del Caribe colombiano, especialmente indígenas.
“La sentencia se dictó este 18 de septiembre. Los comparecientes, exmilitares, reconocieron su participación en el asesinatos y desapariciones forzadas que afectaron directamente a 135 personas en los departamentos de Cesar y La Guajira, norte de Colombia. Entre las víctimas se encontraban jóvenes campesinos, indígenas wiwa y kankuamo, y afrodescendientes, seleccionados en gran parte por su vulnerabilidad económica y social. Estos ‘falsos positivos’ dejaron también 192 víctimas indirectas”, relató la togada.
Ante cerca de 300 estudiantes y docentes de todos los programas académicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la magistrada dio cuenta de la labor que hace la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- para tratar de esclarecer los diversos casos de muertes selectivas que han llegado a ese tribunal, una deplorable práctica que se efectuó de manera sistemática en muchas partes del territorio nacional. Antioquia, según la misma instancia judicial, congrega más de 25 % de todos los casos de ejecuciones extrajudiciales denunciadas en el país.
“Este macro caso, el de La Popa, también tiene patrones afines a todo lo sucedió en el departamento de Antioquia, donde se cometieron muchos asesinatos y desapariciones de personas que eran presentadas por las tropas militares como ‘bajas en combate’. Entonces, en ese sentido, seguramente cuando la JEP saque la decisión sobre lo que sucedió en Antioquia, se van a encontrar muchas similitudes con esta sentencia que acabamos de promulgar en este caso en concreto que sucedió en la costa Caribe”, indicó la magistrada Quintero Martínez.
Durante su exposición, la investigadora judicial de la JEP destacó el papel que han jugado las mujeres en cada uno de los casos que están en trámite en ese tribunal, tanto como víctimas acreditadas, en su calidad de testigos de un sinnúmero de vejámenes y, en especial, en su protagonismo como buscadoras de sus seres queridos, pero en especial, de la verdad.
“Siempre, en cada espacio que tengamos, en especial en estos que son académicos, tratamos de reivindicar el rol que han tenido las mujeres en la búsqueda de personas desaparecidas. Muchas de ellas, esposas, hermanas e hijas, llevan más de 30 años buscando a sus seres queridos. Ellas abandonaron sus proyectos de vida para dedicarse a esta misión incansable de búsqueda. Muchas de ellas, también, han sido estigmatizadas, amenazadas y desplazadas por esta búsqueda. Incluso, algunas de ellas, en esas labores de búsqueda, han sido revictimizadas y violentadas en sus derechos humanos y fundamentales. En ese sentido, es importante acompañarlas y reconocer su humanitaria labor”, anotó la togada.
Este jueves, 30 de octubre, con una programación que incluye paneles y conferencias de ponentes de España, Perú y Colombia se cierra en el TdeA Institución Universitaria la XX Semana Internacional del Derecho y la Criminalística, organizada por la facultad de Derecho y Ciencias Forenses, que en esta ocasión tuvo los “Crímenes de odio: democracia, libertad y derechos en crisis” como tema de discusión y análisis central.
